La avalancha de contagios forzó a Montenegro a dar marcha atrás. La decisión alivia tensiones políticas, pero acrecienta el malhumor en sectores económicos afines a Juntos por el Cambio. Y obliga a actuar rápido.
Por Ramiro Melucci
A las diez de la noche, cuando termina la jornada laboral, Guillermo Montenegro se va a su casa pero no entra. Eugenia, su mujer, le alcanza en la puerta un tupper con comida. Con la cena asegurada, el intendente se dirige solo a un departamento de dos ambientes que le prestaron en la zona de la vieja terminal. Su vivienda desde hace una semana.
La decisión de irse de su casa fue una de las determinaciones “complejas” -así las define- que tuvo que tomar la semana pasada. Quiere evitar cualquier posibilidad de contagio a Tomás, su hijo recién nacido que todavía no tiene las primeras vacunas. “Solo lo veo por fotos y videos”, lamenta en la intimidad.
Fuera del plano familiar, Montenegro tuvo otras dos definiciones claves en el peor momento de la pandemia. El lunes reconoció que Mar del Plata tiene transmisión comunitaria del virus. Una de las condiciones que le puso la Provincia para mantener la fase 4 el fin de semana pasado. La otra fue aumentar los controles.
El intendente consideraba que esas palabras, que no se ajustaban a la definición técnica de transmisión comunitaria, no eran decisivas para ponerle un freno al crecimiento sostenido de la curva de contagios. Pero las pronunció y, con ello, alivió las tensiones que sobrevolaban el ambiente político. La Provincia ya había advertido el aumento de los casos sin nexo epidemiológico. Los efectores de salud privados alertaban que esa situación era un hecho y el bloque del Frente de Todos lo dijo sin rodeos en la última sesión del Concejo.
Pero fue un aperitivo. El plato fuerte llegó el jueves. Con una avalancha de contagios encima, el jefe comunal tomó la decisión de que Mar del Plata regresara a la fase 3. En su entorno trataron de frenarlo con un argumento contrafáctico pero difícil de refutar: solo había que esperar unos días para que la Provincia definiera por su cuenta el cambio de fase para la ciudad. “Que pague el costo el gobernador”, escuchó que le recomendaban. Los desoyó. “Siempre dije que si había que ir para atrás no me iba a temblar el pulso. Llegó el momento. Estoy para gobernar y lo voy a hacer”, respondió.
Pero la repentina marcha atrás no logró evitar desacoples. Horas antes de que el intendente le transmitiera la decisión al gabinete, el secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti, arriesgó una opinión personal sobre lo contraproducente que sería una medida de esa naturaleza. Montenegro se apuró para ganar días. “Si esperamos la decisión de Provincia, el cambio de fase puede empezar a regir el lunes o el martes. Pero tenemos que hacerlo ya”, argumentó, consciente de que el fin de semana los casos no darían tregua.
El paso adelante del jefe comunal le permitió a Axel Kicillof no transformarse de nuevo en el malo de la película. Ese villano que el municipio parecía haber creado cuando el intendente le solicitaba abrir actividades y el gobernador, férreamente ajustado al sistema de fases, lo impedía.
La decisión de Montenegro hasta podría considerarse una devolución de favores. ¿Cuáles? Los que, después de aquellos cortocircuitos, le permitieron llevar a Mar del Plata más allá de la fase 4 con la anuencia de la Comisión de Reactivación Económica. El gobernador siempre supo que Mar del Plata tenía habilitadas más actividades de las estrictamente permitidas, pero se llamó a silencio.
Como era esperable, el gobierno bonaerense no tardó en saludar la medida. El jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y el ministro de Salud, Daniel Gollan, la consideraron acertada y hasta contaron que formaba parte de un consenso político. Gastón Vargas, el director de Zona Sanitaria VIII, tampoco se sorprendió: la había visto madurar tres días antes en un encuentro que mantuvo con el intendente y el jefe del bloque del Frente de Todos, Marcos Gutiérrez. También en los efectores de salud públicos, los primeros en advertir que el nivel de circulación en la calle era alto, hubo una sensación de alivio.
Los costos están a la vista. El sector comercial, el textil, el gastronómico, la construcción y los gimnasios plantearon cuestionamientos. Algunos muy duros. “Pagamos nosotros por lo que no se controló en otros lugares”, lanzaron. Para Montenegro podría representar más adelante alguna sangría electoral: son rubros económicos afines a Juntos por el Cambio, que en su mayoría lo votaron el año pasado.
El plazo del cambio de fase es un punto crucial en medio de la inocultable fatiga social por el aislamiento. Para los establecimientos que debieron cerrar o reducir actividades puede significar una eternidad, pero en términos sanitarios devendrá escaso si no se actúa rápido. El asunto de los controles es medular. La efectividad del retroceso depende de que se produzca un giro brusco en ese aspecto, que ayer empezó a constatarse.
Resulta evidente que cuando se impuso el criterio de la responsabilidad individual hubo un relajamiento en las acciones de disuasión. Las imágenes que todos han visto en la costa y las plazas eran elocuentes. Gente amontonada, sin barbijo y picados de fútbol por doquier. Sin contar lo que en el gobierno creen aún más preocupante: las reuniones familiares y las juntadas con amigos.
La oposición también identificó esas deficiencias y advirtió que el control debe combinarse con mensajes de concientización. “¿Por qué no inundan las redes como hicieron en la campaña electoral cuando tenían que conseguir votos?”, se preguntó el presidente del bloque de Acción Marplatense, Horacio Taccone.
Pero nada de eso envenenó tanto al intendente como el reclamo para que dispusiese camas de internación en el CEMA, formulado por Marina Santoro, del Frente de Todos. Cree que ese pedido solapa el verdadero inconveniente: la falta de recurso humano especializado para atender las camas con que cuenta el distrito, incluso las del hospital modular. La secretaria de Salud, Viviana Bernabei, respondió que hoy no es necesario habilitar más camas y que el CEMA carece de estructura para instalarlas. Tuvo en ese pleito un aliado inesperado. El cada vez más crítico Alejandro Ferro, ex secretario de Salud e impulsor del CEMA, recordó que el establecimiento no sirve para alojar pacientes.
La filial local de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva aportó su mirada. Recordó que un 20% de los casos positivos requiere internación y un 5% necesita cuidados intensivos. Puntualizó que los resultados favorables para los pacientes dependen en primer lugar del trabajo del equipo sanitario y en segundo término de la disponibilidad de recursos materiales. Apuntó, además, que entre el 12 y el 30% del personal se contagia y debe abandonar transitoriamente sus tareas. “El recurso es insuficiente para satisfacer la demanda asistencial”, alertó.
El intendente ya había planteado el asunto ante la Provincia. El Ministerio de Salud analiza opciones para reforzar los planteles sanitarios. En el Zoom del miércoles con jefes comunales, el gobernador prometió un sistema de derivación unificado para que ningún paciente se quede sin atención en el momento en que lo necesite. El sector privado también deberá hacer su parte: las crónicas sobre el deambular de pacientes con obras sociales en busca de una cama se están volviendo demasiado habituales.